Artículo de Bernardo de Rosal publicado en La Razón.
a recientemente aprobada ley de garantía integral de la libertad sexual, la ley del «solo sí es sí», está provocando, aparte de una gran polvareda que impide un debate cuerdo y racional, algunas situaciones, como poco, desconcertantes.
La primera de ellas es que, al margen de los problemas de derecho transitorio, lo cierto es que el nuevo texto legal rebaja las penas de los delitos de agresión sexual, de modo que un delincuente que cometiera hoy una agresión sexual estaría, en abstracto, menos castigado que si no existiera esta nueva ley. Nadie de las promotoras de la ley ha explicado por qué se ha decidido esa rebaja de penas, a pesar de que pueda haber legítimos argumentos político-criminales a favor de una moderación de las penas para estos delitos. Pero lo cierto es que, si los hay, no los hemos escuchado. La segunda es que cuando, por obvia aplicación del principio constitucional de retroactividad favorable, la Ley ha surtido ese efecto –rebaja de penas a agresores sexuales condenados—las promotoras de la norma han reaccionado vehementemente, negando de forma tajante toda voluntad de provocar ese efecto de rebaja de las penas. Esto no es que sea desconcertante, es que es incomprensible: si no se querían rebajar las penas a los agresores sexuales, ¿por qué se han rebajado?.
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