Resulta bastante difícil de comprender el espectáculo que tanto el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) como el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) están dando con el proceso de elección de un nuevo Síndic de Greuges para nuestra Comunidad, dejando vacante la titularidad de una institución que, aunque los políticos definitivamente no la valoren de esa manera, tiene una gran importancia (simbólica y real) para los ciudadanos, porque les presta un servicio que ninguna otra organización ni institución está destinada a prestar. Servicio que, además, no solo se presta de forma gratuita sino que, por regla general, se presta de una forma bastante eficaz y con un nivel de atención y sensibilidad para el concreto problema del ciudadano que a ella acude, desacostumbrado en otros ámbitos de las administraciones públicas.

Desde que en el mes de abril del año 2006 quedara vacante, por expiración del mandato, la sede del Síndic, el partido en el gobierno ha dado muestras más que notables de su desinterés por que una institución de tal relevancia funcionara con normalidad y plena capacidad. Porque eso solo puede suceder cuando quien está al frente de la misma es la persona elegida por el Parlamento autonómico y cuenta, por tanto, no solo con todos los parabienes legales para actuar, sino con la legitimidad que su designación, por una amplia mayoría parlamentaria, le confiere. El PPCV sabía que mantener en funciones a quien no había sido elegida para ese cargo le restaba a sus actuaciones la fuerza que, sin embargo, hubieran tenido de la mano de un Síndic o de una Síndic titular y colocaba a la institución en un periodo de interinidad que, inevitablemente, la debilita. Porque cualquier institución con un titular interino o provisional es siempre, por definición, débil; primero, por su déficit de legitimidad y, segundo, porque la incertidumbre respecto a su continuidad desaconseja emprender tareas, proyectos o investigaciones de medio o largo alcance. No tengo información fehaciente que acredite que la intención del partido en el gobierno fuera, precisamente, debilitar a la institución del Síndic de Greuges, pero, sinceramente, todas mis sospechas apuntan en esa dirección, porque sí me consta que el Síndic, en los últimos años, había adquirido un nivel de popularidad y respaldo social sin precedentes.

Lo más triste de todo es que en ese empeño de desactivación de la institución, el PSPV ha sido la comparsa perfecta. Como el propio partido en el gobierno, el PSPV despidió al titular del Síndic, en el año 2006, sin pena ni gloria y, desde entonces, ninguna iniciativa formal se le ha conocido para que, por parte de las Cortes, se agilizara la designación de un nuevo titular. Su función se ha limitado a la de vetar al expresidente de las Cortes y aceptar, por las mismas razones que rechazó al anterior, a otro candidato de perfil perfectamente equiparable. Es más, el titular propuesto tiene, a diferencia del primer candidato rechazado, un perfil funcionarial respecto del partido en el gobierno más acusado y menos propenso a actuar en contra de las directrices de la dirección de turno. Y esto lo digo, primero, desde el afecto personal que le profeso a dicho candidato, persona cuyo trato personal es, por lo demás, excelente, lo que, a buen seguro, le ayudará mucho en el desempeño del cargo, y, segundo, desde la convicción de que ese perfil no tiene por qué ser un obstáculo para desempeñar correctamente dicha encomienda.

Sin embargo, el PSPV, por razones que nada tienen que ver con la persona propuesta o con la institución, demora ahora sine die la elección del candidato consensuado, contribuyendo a prolongar la interinidad y la debilidad del Síndic, para, según las propias declaraciones de sus representantes, elegir a ese mismo candidato dentro de dos, tres o cuatro meses. Sinceramente, dicha posición no tiene, en mi opinión, el menor sentido y es por ello difícil de comprender. Claro que más lamentable, aún, me parece la propuesta del PPCV de modificación del Reglamento del Síndic para que los adjuntos se turnen en el desempeño de las funciones de Síndic interino. ¿No tendrá el PPCV ningún jurista que le explique, a quien corresponda, que esa propuesta está basada en una interpretación manipulada, torcida y aberrante de la ley del Síndic? Todo eso sin mencionar que, funcionalmente, tal propuesta es un disparate y una irresponsabilidad, salvo, claro está, que se quiera volver locos a los propios adjuntos, a los trabajadores del Síndic y a los ciudadanos que allí acuden.

Lo que sí parece claro es que ni el PPCV ni el PSPV parecen tener ningún interés por el buen funcionamiento del Síndic de Greuges. Lo más deplorable de ello es que esa despreocupación afecta directamente a los intereses de los ciudadanos y demuestra, por tanto, un notable desprecio por los problemas de aquellos a quienes representan y pagan sus sueldos. Es cierto que, en las Cortes Generales, este bloqueo institucional está afectando a otras instituciones que tienen mucho que ver con los intereses y los problemas directos de los ciudadanos, como es el caso del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, y es cierto que, en esos casos, la responsabilidad directa se le ha de atribuir al PP. Pero también es cierto que, al menos, en esos casos, al frente de dichas instituciones siguen desempeñando sus tareas quienes, en su momento, fueron elegidos por los órganos legal y legítimamente habilitados para ello. Lo cual, no obstante, reconozco que es un escaso consuelo.

De todas formas, este prolongado retraso en la elección de un nuevo Síndic de Greuges tiene otros efectos, de más largo alcance y, por lo tanto, más indeseables, aún si cabe. La legislación del Síndic de Greuges obliga a las Cortes a unos plazos perentorios para la elección del nuevo titular, una vez cesa el mandato del anterior, que se están incumpliendo flagrantemente, como igualmente ocurre, para las Cortes Generales, en el caso del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Ninguno de nuestros legisladores, es decir, ninguno de aquellos que son los que hacen las leyes y nos exigen al resto de los mortales su cumplimiento, manifiesta malestar o preocupación por lo que no es, ni más ni menos, que un descarado incumplimiento de las normas legales que ellos mismos han elaborado. Si nuestros legisladores, con semejante desparpajo, incumplen las leyes, ¿qué legitimidad van a tener luego para exigirnos a los demás su cumplimiento? Los políticos olvidan, con demasiada facilidad, que son servidores públicos, sometidos, como todos los demás, al cumplimiento de las leyes, a quienes, además, les incumbe la responsabilidad pedagógica de cumplir, más y mejor que nadie, las normas, porque también forma parte de su obligación dar ejemplo, mandando un mensaje inequívoco a los ciudadanos acerca de la real vigencia y obligatoriedad de las leyes. Con esa actitud de falta de respeto a las normas, dejan de cumplir las funciones para las que fueron elegidos y, por lo tanto, no deberían merecer continuar representándonos.

Espero, pues, que esta situación extraña, que evidencia tanta despreocupación por los problemas que las administraciones públicas han creado a sus ciudadanos y tan escasa sensibilidad hacia instituciones importantes para el funcionamiento de una democracia material, encuentre pronto su final y podamos saludar la elección de un nuevo titular de la institución, a quien, por supuesto, desde ese mismo momento no dudaré en desear la mejor fortuna en el desempeño del cargo, porque en esta Comunidad le va a hacer mucha falta.

Artículo de Bernardo del Rosal en El País