Nuestros sentimientos y percepciones acerca de las causas que generan la delincuencia y los medios posibles para combatirla suelen ser, por regla general, primarios y, por lo mismo, muy influidos por convicciones no siempre racionales, que tenemos introyectadas en lo más profundo de nuestra conciencia. Esto explica la frecuencia con la que, en términos generales, se simplifica el análisis del problema, atribuyendo, exclusivamente, a la voluntad individual del delincuente las causas de los comportamientos criminales o, como mucho, a confusas razones de naturaleza psicológica. En consecuencia, las soluciones que se reclaman para hacer frente al fenómeno criminal suelen adolecer del mismo nivel de simplificación, resumidas en la idea de que quien la hace la tiene que pagar, y que cuanto más se hace más se tiene que pagar; y si el problema es que el delincuente está loco, entonces lo que hay que hacer es encerrarlo para que no dañe a nadie. No es que esta forma de razonar -o de sentir- sea descabellada, porque algo de cierto siempre hay en los sentimientos primarios, de modo que es cierto que algunos delincuentes delinquen porque, aún pudiendo no hacerlo, optan por esa dirección vital, igual que también es cierto que en la enfermedad mental está el origen de determinados actos criminales. Pero el problema de las causas de la delincuencia y los remedios para combatirla es mucho más complejo, especialmente en sociedades que, igualmente, son extraordinariamente complejas como las nuestras.

Con similar simpleza solemos razonar cuando el problema de la delincuencia va asociado al hecho de que quien comete el delito es distinto a nosotros, bien sea por pertenecer a una etnia minoritaria, bien por ser extranjero. En este caso, no suele haber empacho en etiquetar como potenciales delincuentes a todos los integrantes de esa misma etnia o colectivo foráneo. Es más, en nuestra voluntad de etiquetar más al más distinto, llegamos, incluso, a matizar el origen racial o geográfico del delincuente, de modo que los comportamientos criminales de unos (generalmente, los europeos) se suelen ver como algo episódico o anecdótico y, sin embargo, los de otros (generalmente los africanos) suelen contemplarse casi como consustanciales a su origen nacional, étnico o racial. A todo este conglomerado de sentimientos irracionales en nada contribuyen, además, hechos recientes como los sucesos de Nueva York y Washington. Sin embargo, hace muchos decenios que las teorías criminológicas del delincuente nato (el delincuente nace, no se hace) están completamente superadas, de modo que el hecho de que unos individuos de un determinado origen nacional, racial o étnico delincan, en un país extranjero, más que los de otro suele tener una explicación que nos ofrece vías suficientes para que ello pueda ser corregido. Muy recientemente se ha publicado en nuestro país el que -si mi memoria no me falla- es el primer estudio monográfico sobre la relación entre inmigración y delincuencia (Inmigración y Delincuencia en España: Análisis Criminológico, Tirant lo Blanch, Valencia, 2001), cuya autora, Elisa García España, una joven investigadora de la sección de Málaga del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, ha realizado un notable esfuerzo por arrojar luz sobre todo este asunto, del que sabemos muy poco pero lo presumimos casi todo. Una de las conclusiones más relevantes del trabajo afirma como factor más importante de riesgo delictivo la situación de ilegalidad en la que se puede encontrar un inmigrante. La explicación de tal conclusión parte de la aceptación de la denominada teoría del arraigo social, hipótesis formulada por un criminólogo norteamericano, a finales de los años sesenta (T. Hirschi), según la cual un individuo se suele abstener de delinquir por miedo a perder los logros sociales conseguidos hasta ese momento, de tal forma que las personas que tienen vínculos sociales que les reportan autoestima, seguridad y reconocimiento social propenden menos a delinquir que las que carecen de tales vínculos sociales. Aunque las explicaciones sobre las causas de la delincuencia nunca pueden ser unívocas, las cifras que se manejan en el estudio parecen corroborar la idea de que, en efecto, el inmigrante ilegal delinque más que el legal, pues mientras aquél no teme perder los exiguos logros sociales conseguidos (entre los que ni siquiera se cuenta una estancia legal en España), éste, sin embargo, sí teme perder los vínculos que, con mucho esfuerzo, ha logrado obtener. Por otra parte, si se tiene en cuenta que uno de los vínculos sociales más influyentes en la inhibición del comportamiento criminal es la familia, podremos, a la vez, comprender por qué, dentro de los ilegales, los inmigrantes que más delinquen son los que cuentan en España con menos vínculos familiares, situación más habitual en los inmigrantes africanos y más infrecuente, sin embargo, en los asiáticos e iberoamericanos.

Lo anterior nos tiene que convencer de que los extranjeros inmigrantes que residen, legal o ilegalmente, en España no son, por su origen étnico, racial o nacional, delincuentes natos, sino que propenden a delinquir de la misma manera que lo podemos hacer los residentes españoles, cuando los factores ambientales y personales son unos muy determinados. Y si su falta de integración es un factor de riesgo, todos, administraciones públicas, entidades privadas y personas individuales, debemos intentar, en la medida de nuestras capacidades y posibilidades, no contribuir a empeorar esa situación de falta de integración, con sentimientos o actitudes que, en ocasiones, pueden ser clasistas, racistas o xenófobas.

Artículo de Bernardo del Rosal en El País